El cirujano bucomaxilofacial William Almánzar Escarramán recuperó su libertad este martes 7 de julio, tras una decisión emitida por una magistrada del Distrito Judicial de La Vega, en el contexto de un proceso legal relacionado con una alegada mala práctica médica.
La resolución fue adoptada cerca del mediodía en el Palacio de Justicia de esa provincia. Como parte de las medidas de coerción dispuestas, el especialista deberá cumplir con presentación periódica ante las autoridades y prestar una garantía económica, de acuerdo con informaciones ofrecidas por representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD).
El arresto de Almánzar Escarramán, junto al de su asistente Franklin Almánzar, motivó la paralización de labores convocada para este martes por el gremio médico a nivel nacional. Hasta el cierre de esta información no se había precisado la situación procesal del asistente.
Durante la audiencia estuvieron presentes diversas autoridades del CMD, entre ellas el expresidente del gremio Waldo Ariel Suero, la secretaria general Miosotte Lazala y el presidente de la filial de La Vega, Miguel Thevenin, quienes acudieron en respaldo del profesional de la salud.
Dirigentes de la entidad valoraron la decisión judicial por permitir que el médico continúe enfrentando el proceso en libertad, aunque reiteraron su desacuerdo con el arresto inicial, al considerar que no se agotaron previamente los procedimientos técnicos correspondientes.
El Colegio Médico Dominicano ha insistido en que los casos vinculados a presuntas negligencias médicas deben ser sustentados mediante investigaciones especializadas, evaluaciones periciales y criterios científicos antes de que se adopten medidas restrictivas de libertad contra un facultativo.
Asimismo, la organización advirtió que recurrir al apresamiento sin una valoración técnica previa podría vulnerar garantías fundamentales del debido proceso y generar inquietud entre los profesionales que ejercen la medicina en el país.
La situación de Almánzar Escarramán se desarrolla en medio del debate que mantienen sectores médicos y judiciales sobre el abordaje de las denuncias por supuestas malas prácticas, así como sobre la necesidad de determinar responsabilidades mediante evidencias científicas, experticias especializadas y fundamentos legales sólidos.
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