En la República Dominicana, el debate sobre la minería no puede seguir sustentándose en promesas. Debe medirse con datos. Y cuando se colocan sobre la mesa las cifras de San Juan de la Maguana y Cotuí, la narrativa del “desarrollo minero” comienza a resquebrajarse.
Cotuí alberga la mina de oro de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, considerada la más grande de América Latina y una de las 13 más grandes del mundo. Los números, en apariencia, resultan contundentes y seductores. La mina de Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, ha llegado a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, una cifra que por sí sola la coloca como un actor económico de peso en la República Dominicana.
A esto se suma que, entre 2013 y 2020, la operación minera generó más de 2,600 millones de dólares en impuestos para el Estado, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos fiscales del país en ese período. En el plano comercial, el impacto también ha sido significativo: el oro extraído en Cotuí llegó a representar hasta un 31% de todas las exportaciones dominicanas, posicionando al país como un jugador relevante en el mercado internacional de este mineral.
En términos de empleo, la mina mantiene alrededor de 2,350 trabajadores directos, además de unos 2,500 contratistas, lo que evidencia su capacidad de dinamizar, al menos parcialmente, el mercado laboral en la zona. A esto se suma una inversión inicial que superó los US$4,000 millones, una de las mayores en la historia del país.
La otra cara de los datos es incómoda
Pero la otra cara de los datos es incómoda y, con frecuencia, queda fuera del discurso oficial. Diversas denuncias documentadas apuntan a la contaminación de ríos como el Maguaca y el Margajita, en las inmediaciones de Cotuí, con presencia de metales pesados y sustancias como el cianuro, utilizadas en los procesos de extracción.
A esto se suma el impacto humano. Al menos 65 familias han sido desplazadas de sus comunidades, mientras entre 400 y 600 más continúan reclamando reubicación, en medio de un proceso que muchos consideran incompleto o injusto.
En el día a día, los efectos también se sienten en la economía local: comunidades reportan pérdida de tierras agrícolas, aparición de enfermedades cutáneas y afectaciones al ganado, lo que golpea directamente los medios de subsistencia de cientos de familias. Es decir, mientras miles de millones de dólares ingresan al país por concepto de minería, los costos sociales y ambientales terminan concentrándose, casi en su totalidad, en Cotuí..
San Juan: economía agrícola en cifras reales
A diferencia de Cotuí, San Juan de la Maguana no vive del oro, sino del agua y la tierra. San Juan es uno de los principales polos agrícolas del país, responsable de una parte significativa de la producción nacional de: Habichuelas, Arroz y Maíz.
Este modelo, aunque menos espectacular en cifras macroeconómicas, tiene una característica clave:
distribuye riqueza de forma más directa entre miles de familias productoras. El proyecto minero Romero, impulsado por GoldQuest, plantea transformar esa estructura económica.
Pero el riesgo es cuantificable: La minería metálica requiere grandes volúmenes de agua, el mismo recurso que sostiene la agricultura del valle. La experiencia de Cotuí demuestra que la actividad minera puede provocar pérdida de productividad agrícola en zonas cercanas. San Juan no solo produce alimentos; también abastece mercados nacionales. Sustituir esa base productiva por minería implicaría un cambio estructural profundo… y potencialmente irreversible.}
El contraste: empleo, riqueza y realidad
Cuando se colocan frente a frente las realidades de Cotuí y San Juan de la Maguana, los números dejan de ser fríos y comienzan a contar una historia que incomoda: la de una paradoja evidente.
En términos de aporte económico, Cotuí exhibe cifras llamativas. La minería llega a representar cerca del 2% del Producto Interno Bruto nacional, un peso significativo dentro de la economía dominicana. San Juan, en cambio, no aparece con ese protagonismo en las estadísticas macroeconómicas, pero sostiene un rol silencioso y esencial: es clave en la producción de alimentos que abastecen al país.
El empleo también refleja dos modelos distintos. En Cotuí, la actividad minera genera alrededor de 2,350 empleos directos, concentrados en una estructura empresarial definida. Mientras tanto, en San Juan, la agricultura sostiene a miles de productores y familias, dispersando el trabajo a lo largo de toda la provincia.
Si se observa el comercio exterior, la diferencia es aún más marcada. El oro de Cotuí ha llegado a representar hasta un 31% de las exportaciones nacionales, convirtiéndose en un pilar de ingreso de divisas. San Juan, por su parte, no exporta en grandes volúmenes, pero produce para el consumo interno, garantizando la seguridad alimentaria de la nación.
El impacto ambiental traza una línea más delicada. En Cotuí, la minería ha estado asociada a altos niveles de intervención ambiental, incluyendo denuncias de contaminación y desplazamientos de comunidades. En San Juan, la actividad agrícola depende directamente de la disponibilidad de agua limpia, lo que mantiene, en términos relativos, un menor nivel de impacto ecológico.
Finalmente, la distribución de la riqueza evidencia una de las diferencias más profundas. En Cotuí, los beneficios económicos tienden a concentrarse en pocos actores, mientras que en San Juan la riqueza, aunque más modesta, se reparte entre una base social mucho más amplia. La minería genera grandes cifras, pero concentra beneficios. La agricultura genera menos ingresos globales, pero los distribuye socialmente.
¿Riqueza para quién?
Los datos de Cotuí desmontan uno de los principales argumentos del discurso pro-minero: la promesa de desarrollo local. En el papel, todo parece indicar lo contrario. La zona ha sido escenario de miles de millones de dólares en exportaciones, aportes fiscales considerados históricos y una de las mayores concentraciones de inversión extranjera en el país.
Sin embargo, cuando se baja del plano macroeconómico a la realidad cotidiana de las comunidades, el panorama cambia drásticamente. A pesar de esa bonanza en cifras, muchas de las poblaciones cercanas a la actividad minera continúan enfrentando serios problemas de acceso a agua limpia, conflictos por la tenencia y uso de la tierra, y condiciones persistentes de vulnerabilidad social.
Esta contradicción entre riqueza generada y bienestar limitado no es casual. Responde a un fenómeno ampliamente estudiado en economía, conocido como la “maldición de los recursos”, donde territorios con abundantes riquezas naturales terminan mostrando bajos niveles de desarrollo humano en sus comunidades.
El caso de Cotuí no es un fracaso económico: es un éxito macroeconómico con fracaso territorial. San Juan aún está a tiempo de decidir si quiere: Un modelo agrícola que sostiene a miles de familias
o; Un modelo extractivo que genera riqueza concentrada y riesgos ambientales comprobados
La verdadera estadística no está en los millones exportados, sino en la calidad de vida de la gente. Porque al final, la gran pregunta sigue sin respuesta convincente:
¿Puede llamarse riqueza a un modelo que deja atrás a su propia gente?
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