SANTO DOMINGO.- La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no presentó objeción a la solicitud del Ministerio Público de disponer de cuatro meses adicionales para completar las investigaciones y presentar el acto conclusivo en el proceso por presunta corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios de la institución.
El abogado Miguel Valerio consideró razonable el pedimento de los fiscales, al señalar que se trata de un expediente complejo que requiere tiempo para agotar las diligencias investigativas. En ese sentido, reconoció como legítima la facultad de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección General de Persecución para requerir una ampliación del plazo.
Una posición similar asumió el jurista Hiroito Reyes, quien representa al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones. El abogado tampoco formuló reparos a que el órgano persecutor cuente con un período adicional para concluir las pesquisas y formalizar su acusación.
La solicitud, sin embargo, no pudo ser conocida en su totalidad este miércoles, luego de que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, aplazara la audiencia para el próximo 4 de septiembre.
El magistrado adoptó la decisión debido a la ausencia del abogado de Francisco Iván Minaya Pérez, quien no pudo acudir al tribunal tras el fallecimiento de su padre ocurrido la noche del martes.
Los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se conceda una extensión de cuatro meses para presentar la acusación formal contra los imputados. A esta petición se han sumado los abogados que representan los intereses del Estado dominicano en el proceso.
El expediente judicial también involucra a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
A la lista se agregan Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen igualmente arresto domiciliario. Según el expediente, estos imputados reconocieron ante el tribunal haber entregado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, colaboración que habría incidido en la imposición de medidas de coerción menos gravosas.
El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$15,000 millones, cifra que posteriormente habría sido elevada a más de RD$19,000 millones a partir de nuevas investigaciones.
De acuerdo con la teoría del órgano acusador, el supuesto entramado habría operado entre 2020 y 2025, generando un impacto millonario en el sistema público de riesgos de salud.
Entre las imputaciones formuladas figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
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