El proceso judicial derivado de la denominada Operación Calamar sumó un nuevo capítulo luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenara la apertura a juicio contra el exsenador por Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante un tribunal de fondo por los cargos formulados por el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada por la magistrada Sofía Bruno De Los Santos, quien acogió la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entidad que sostiene que el exlegislador tuvo participación en una estructura de corrupción que habría operado dentro de la administración pública.
El expediente contra Calderón se conoció de manera separada al resto de los imputados, luego de que el tribunal dispusiera la división del proceso debido a condiciones de salud alegadas por el excongresista durante el desarrollo de la investigación.
Durante la audiencia preliminar, los representantes del Ministerio Público insistieron en que cuentan con evidencias suficientes para sustentar las acusaciones, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, pidió el archivo definitivo del caso mediante un auto de no ha lugar, alegando que su representado no incurrió en los hechos descritos por los fiscales.
La acusación forma parte del entramado investigado en Operación Calamar, caso que involucra a varios exfuncionarios de la gestión encabezada por Danilo Medina. En ese contexto, algunos imputados han sido enviados a juicio, mientras otros obtuvieron decisiones favorables que los desvincularon de responsabilidad penal.
Según la teoría del órgano acusador, Calderón habría integrado una estructura organizada que presuntamente gestionaba pagos relacionados con terrenos declarados de utilidad pública y que, además, habría servido para canalizar recursos con fines político-electorales. Las autoridades sostienen que el exsenador utilizaba su influencia para facilitar desembolsos estatales y posteriormente exigir porcentajes de esos recursos a los beneficiarios de los pagos.
La investigación también atribuye al exlegislador maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita. Para ello, de acuerdo con la acusación, se habría apoyado en terceros y en varias entidades comerciales utilizadas para movilizar recursos y encubrir las operaciones financieras bajo investigación.
Los fiscales estiman que el beneficio económico atribuido a Calderón supera los RD$165 millones, monto que forma parte de las imputaciones por presuntos actos de corrupción administrativa y lavado de activos que serán debatidos durante el juicio de fondo.
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