Cinco de los diez acusados de integrar una presunta red de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado gestiones con el Ministerio Público para acogerse a procesos de penal abreviado, reconociendo su participación en los hechos investigados, según reveló una fuente vinculada al caso.
La misma fuente indicó que el robustecimiento del expediente acusatorio y la acumulación de evidencias han incrementado la presión sobre los procesados, motivando a varios de ellos —incluidos algunos que permanecen bajo prisión preventiva— a explorar mecanismos de negociación judicial para procurar una reducción de sus responsabilidades penales.
De igual forma, trascendió que otros imputados también evalúan la posibilidad de suscribir acuerdos con el órgano persecutor, en momentos en que la Procuraduría avanza en una nueva etapa de las pesquisas, identificada de manera preliminar como “SeNaSa 2.0”.
En paralelo, el próximo 30 de julio el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados que cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El expediente sostiene que la alegada estructura habría ocasionado pérdidas multimillonarias al Estado dominicano, inicialmente estimadas en más de RD$15,000 millones, aunque investigaciones posteriores elevan el monto por encima de RD$19,000 millones. Según el Ministerio Público, las operaciones ilícitas se habrían desarrollado entre los años 2020 y 2025.
Entre los principales señalados figuran el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; y Francisco Iván Minaya Pérez, junto a otros exfuncionarios y proveedores vinculados a la ARS estatal.
También forman parte del proceso Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante los tribunales haber realizado pagos ilícitos a funcionarios de la institución, cooperación que les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
La acusación incluye delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación documental, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, se ha reiterado que las indagatorias continúan abiertas y abarcan tanto actuaciones pasadas como posibles responsabilidades de actores vinculados al presente de la entidad.
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