El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, asumió este miércoles su propia defensa durante el proceso judicial que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escenario en el que centró sus primeros argumentos en cuestionar la representación legal del Estado dominicano dentro del caso.
Rodríguez objetó el poder otorgado por el presidente Luis Abinader a los abogados que integran el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), al considerar que la presencia del Ministerio Público es suficiente para representar los intereses del Estado en el proceso.
El exfuncionario, quien formó parte de la administración de Danilo Medina, sostuvo que resulta innecesaria la participación adicional de juristas vinculados al Poder Ejecutivo dentro de la audiencia.
Durante la jornada, Jean Alain ejerció su defensa sin utilizar toga ni birrete, luego de que las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo acogieran una solicitud presentada por su abogado, Carlos Balcácer.
La petición fue sustentada en la ausencia por causas de fuerza mayor del abogado Gustavo Biaggi Pumarol y en el viaje de emergencia realizado por la jurista Nelly Rivas al interior del país.
En su intervención, Rodríguez alegó que existe una “duplicidad e ilegitimidad” en la calidad de las partes acusadoras, argumentando que distintas entidades buscan representar simultáneamente un mismo interés estatal sin contar, según afirmó, con competencia funcional para ello.
El imputado calificó la situación como un escenario inusual dentro del sistema judicial dominicano y sostuvo que la Constitución y las leyes delimitan claramente las atribuciones de los órganos que conforman la administración pública.
Asimismo, señaló que algunos organismos extraordinarios deben actuar de manera independiente, aunque siempre dentro de un marco de competencias exclusivas establecido por la normativa vigente.
A juicio del exprocurador, la acusación incurre en errores jurídicos al reconocer la participación de múltiples actores que, según dijo, se atribuyen de manera directa la representación legal del Estado.
Rodríguez también afirmó que dentro del expediente digitalizado por el Ministerio Público existen inconsistencias relacionadas con los criterios de representación estatal, lo que, en su opinión, compromete principios fundamentales del debido proceso.
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