SANTO DOMINGO.- El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franni González, determinará este viernes si mantiene la acusación por homicidio involuntario contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, o si modifica la calificación jurídica a homicidio por dolo eventual, como solicitan los abogados de las víctimas.
Los representantes legales de los afectados sostienen que existen elementos para atribuir a los imputados una responsabilidad penal bajo la figura del dolo eventual, que supone actuar con conocimiento de la posibilidad de provocar un resultado mortal y asumir ese riesgo.
La decisión del magistrado tendrá implicaciones en el desarrollo del proceso judicial, iniciado por el desplome del techo del establecimiento nocturno, ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Si el juez acoge la petición de las víctimas, deberá remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional para que designe un Tribunal Colegiado, instancia competente para conocer el juicio de fondo bajo la nueva calificación. En ese escenario, el proceso tendría que comenzar desde cero y los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Por el contrario, si el magistrado mantiene la calificación de homicidio involuntario planteada por el Ministerio Público, continuará conociendo el caso en la Cuarta Sala Penal. La legislación citada en el expediente contempla para ese delito una pena de tres meses a dos años de prisión correccional, además de una multa.
El juicio contra Antonio y Maribel Espaillat comenzó el pasado 28 de agosto, luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dispusiera el envío del caso a juicio de fondo el 15 de junio, al considerar que existían pruebas suficientes para ser debatidas en esa etapa. En esa ocasión, rechazó la solicitud de variar la calificación jurídica.
Ministerio Público atribuye el derrumbe a presuntas fallas estructurales
En su acusación, el Ministerio Público sostiene que los propietarios habrían recurrido a medidas correctivas inadecuadas para reducir costos, pese a tener conocimiento de supuestos problemas estructurales en el techo de la discoteca.
Según el expediente, las deficiencias habrían quedado documentadas en fotografías, videos, reportes visuales y comunicaciones internas entre empleados del establecimiento.
La acusación también señala que la estructura fue sometida a cargas adicionales mediante la instalación de equipos de climatización de gran tamaño, incluidas seis unidades de aire acondicionado con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas cada una, así como tinacos de agua, sin que se realizaran estudios técnicos que garantizaran la capacidad de soporte de la edificación.
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, la sobrecarga y las deficiencias estructurales habrían contribuido al colapso del techo que provocó la tragedia. Estas imputaciones deberán ser examinadas en el marco del proceso judicial.
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