Un juez de Estados Unidos prohibió el martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, y ordenó poner fin a una práctica que se afianzó poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el año pasado.
La revocación por parte del gobierno de Trump de una añeja política de no realizar arrestos en los tribunales de inmigración se debió “no simplemente a una toma de decisiones carente de razonamiento, sino a una ausencia total de toma de decisiones”, escribió el juez federal Casey Pitts, de San Francisco. Las autoridades no abordaron el “efecto disuasorio” de los arrestos en las personas que deben asistir a audiencias judiciales.
“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar”, escribió Pitts, en referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que exige que las agencias federales justifiquen sus acciones. Esa ley, escribió, “no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor pudiera considerar preferible. Pero sí exige que una agencia, al menos, ofrezca razones sólidas para seguir el rumbo que eligió seguir”.
Es el segundo revés para los arrestos en tribunales desde mayo, cuando un juez federal en Nueva York los prohibió en los tribunales de inmigración. Esa orden se aplicaba sólo en Nueva York, mientras que la decisión más reciente invalidó la política en todo el país.
James Percival, director jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), criticó el fallo por considerarlo una extralimitación judicial.
“Cuando un juez condena a un acusado, el acusado queda bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario es un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”, escribió Percival en internet.
Deja una respuesta