El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, acogió parcialmente la solicitud de revisión presentada por la defensa de Ada Ledesma, implicada en el proceso judicial relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y redujo de RD$20 millones a RD$5 millones la garantía económica establecida para favorecer su puesta en libertad.
La decisión fue adoptada luego de que el abogado de Ledesma, Gustavo de los Santos Coll, planteara ante el tribunal la imposibilidad material de su representada para reunir el monto inicialmente fijado. El pedimento fue objetado por el Ministerio Público y los representantes legales del Estado, quienes cuestionaron la existencia de elementos suficientes que acreditaran la alegada insolvencia económica.
Pese a la reducción de la fianza, el tribunal mantuvo las demás medidas de coerción impuestas contra Ledesma el pasado 16 de julio, consistentes en arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que, aunque la imputada había sido beneficiada con una orden de libertad condicionada al pago de una fianza, su excarcelación no había podido concretarse debido a que carecía de los recursos necesarios para cubrir la garantía económica.
Como parte de los elementos presentados para sustentar su argumento, los abogados depositaron certificaciones y cotizaciones emitidas por compañías afianzadoras, con las que procuraron demostrar las limitaciones financieras de la procesada para asumir la suma establecida por el tribunal.
El magistrado Peguero fundamentó su decisión en las disposiciones del artículo 239 del Código Procesal Penal, que establece parámetros para la fijación de las garantías económicas y procura evitar que estas sean establecidas en montos que resulten materialmente imposibles de cumplir para el imputado.
En ese sentido, el tribunal consideró que la garantía debe cumplir su finalidad procesal de asegurar la sujeción de la persona imputada al proceso, sin convertirse en una obligación de imposible ejecución que prolongue innecesariamente su privación de libertad.
Durante la audiencia, Ledesma expresó, con evidente conmoción, la situación que asegura atravesar tras permanecer durante ocho meses privada de libertad por no poder cubrir la garantía económica impuesta para acceder a una medida menos gravosa.
Con la voz entrecortada, rechazó las versiones que le atribuyen la posesión de grandes cantidades de dinero derivadas de supuestas actuaciones irregulares dentro de la institución. Sostuvo que, de haber contado con los recursos señalados públicamente, habría pagado inmediatamente la fianza para abandonar el régimen de máxima seguridad en el que permanece.
La imputada afirmó incluso que no dispone de RD$2 millones para hacer frente a la garantía y manifestó sentirse convertida en un «chivo expiatorio» ante la opinión pública. Comparó su situación con los espectáculos de la antigua Roma, donde, según expresó, las multitudes reclamaban «sangre».
Asimismo, cuestionó el tratamiento recibido frente a otros procesados dentro del mismo expediente, al señalar que algunos de los coimputados fueron favorecidos con garantías económicas de apenas RD$50,000, mientras que a ella se le establecieron sumas que calificó de inalcanzables.
Ledesma también relató que la exposición mediática del caso y las consecuencias del proceso judicial han deteriorado sus relaciones personales, asegurando que personas cercanas y amigos se han distanciado de ella, dejándola en una situación que describió como de desamparo económico y personal.
Finalmente, reiteró que durante su permanencia en SeNaSa entregó todo su esfuerzo al trabajo que desempeñaba y sostuvo que actualmente es una de las personas más afectadas por el proceso. Afirmó que mantiene su confianza en la justicia y en Dios, con la esperanza de que los tribunales esclarezcan su situación y pueda recuperar su libertad.
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