El próximo jueves 30 vence el plazo legal otorgado al Ministerio Público para presentar la acusación formal o cualquier otro requerimiento conclusivo en el proceso que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otras nueve personas señaladas por presuntos actos de corrupción administrativa.
La acusación deberá ser depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien tendrá la responsabilidad de asignar el expediente al tribunal que conocerá la fase preliminar del proceso.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Penal, si el Ministerio Público no presenta el acto conclusivo dentro del plazo correspondiente, el juez de control de la investigación deberá intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como a los representantes legales del Estado, para que formulen su requerimiento en un período adicional de quince días.
La normativa dispone que, si transcurrido ese tiempo tampoco se produce una actuación procesal, la acción penal deberá declararse extinguida de manera inmediata. Asimismo, contempla posibles responsabilidades civiles y personales para los fiscales encargados del expediente por incumplimiento de sus funciones.
La decisión sobre la concesión o no de una prórroga recae en el juez Deybi Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien también tiene programada para esa misma fecha la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el centro penitenciario de Las Parras.
En caso de que el Ministerio Público deposite la acusación antes del vencimiento del plazo, el magistrado quedará desapoderado del proceso y el expediente será remitido a la jueza coordinadora para la designación del tribunal que conocerá el juicio preliminar.
Además de Santiago Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros exfuncionarios y suplidores vinculados a la Administradora de Riesgos de Salud estatal.
Según el Ministerio Público, algunos de los acusados admitieron haber participado en el pago de sobornos a funcionarios del Senasa, colaboración que fue tomada en cuenta por los tribunales al momento de variarles las medidas de coerción.
Las autoridades sostienen que la supuesta estructura habría ocasionado un perjuicio económico superior a RD$19,000 millones al Estado dominicano entre los años 2020 y 2025, mediante operaciones fraudulentas relacionadas con el sistema público de salud.
Entre las infracciones atribuidas a los encartados figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, falsificación de documentos y uso de documentación falsa.
El órgano persecutor ha señalado que las investigaciones continúan abiertas y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo escrutinio en relación con el caso.
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