Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó una extensión de cuatro meses al juez encargado del control de las investigaciones para completar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, dentro del proceso que investiga una presunta trama de corrupción y una millonaria defraudación en perjuicio del Estado dominicano.
La petición fue depositada ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los titulares de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
El expediente será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá poner en conocimiento de la solicitud a los abogados de los imputados y a los representantes legales del Estado dominicano, para posteriormente establecer la fecha en que será conocida la petición de prórroga.
Además de Hazim, el proceso involucra a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
Asimismo, figuran Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario. Estos imputados han reconocido ante el tribunal haber realizado pagos ilícitos a Hazim y a otros funcionarios de Senasa, cooperación que fue tomada en cuenta para la imposición de medidas distintas a la prisión preventiva.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, a los imputados se les atribuye haber participado en una estructura que habría provocado pérdidas al Estado superiores a RD$15,000 millones, monto que posteriormente habría sido elevado a más de RD$19,000 millones a partir de nuevos hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo.
La acusación sostiene que la presunta red habría operado entre 2020 y 2025, mediante acciones que habrían afectado el funcionamiento y los recursos del sistema público de riesgos de salud.
Entre los delitos atribuidos a los imputados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público ha reiterado que la investigación permanece abierta y que, además de los procesados actualmente, continúa examinando la posible participación de otras personas físicas y jurídicas vinculadas a los hechos bajo investigación.
Deja una respuesta