Santo Domingo.– La batalla judicial en torno al caso Calamar está lejos de concluir. El Ministerio Público anunció que apelará la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que favoreció con autos de no ha lugar a cinco de los acusados, entre ellos los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
El anuncio fue realizado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, quien afirmó que el órgano acusador no comparte los criterios utilizados por el tribunal para excluir a parte de los procesados y considera que los 40 imputados deben responder en un juicio de fondo por los hechos que se les atribuyen.
Aunque valoró como un avance que 35 personas físicas y jurídicas fueran enviadas a juicio, Camacho sostuvo que la decisión contiene errores en la apreciación de pruebas que, a juicio del Ministerio Público, comprometen la responsabilidad penal de quienes fueron beneficiados con el no ha lugar.
Según explicó, la sentencia incurre en contradicciones al reconocer determinados testimonios y elementos probatorios durante la audiencia preliminar, pero omitir su valoración al momento de emitir los descargos a favor de algunos acusados.
El representante del Ministerio Público señaló que entre las pruebas alegadamente mal ponderadas figuran testimonios y documentos que, según la acusación, vinculan a varios de los favorecidos con las operaciones investigadas dentro del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Calamar.
Camacho indicó que la apelación buscará revertir esos aspectos de la decisión judicial, al entender que existen suficientes evidencias para que todos los involucrados enfrenten un proceso de juicio oral y público.
La jueza Altagracia Ramírez, sin embargo, consideró que las pruebas presentadas por el órgano acusador eran suficientes para enviar a juicio a 35 de los encartados, incluyendo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y al abogado Ángel Lockward, identificados por la acusación como figuras relevantes dentro de la presunta estructura criminal.
El Ministerio Público sostiene que la red investigada habría provocado un perjuicio económico superior a los RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, desvío de fondos públicos, sobornos y otras maniobras ilícitas destinadas, presuntamente, a beneficiar intereses particulares y actividades políticas.
Con la apelación anunciada, el expediente entra en una nueva fase procesal que podría redefinir el alcance de las responsabilidades penales dentro de uno de los casos de presunta corrupción administrativa más significativos de los últimos años en República Dominicana.
Mientras se conoce el recurso, los 35 acusados enviados a juicio deberán prepararse para enfrentar el proceso de fondo, donde el Ministerio Público intentará demostrar las acusaciones sustentadas en más de 1,278 medios de prueba incorporados al expediente.
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