El Consejo del Poder Judicial oficializó un acuerdo concertado con el Ministerio de Hacienda y Economía mediante el cual se pondrá en marcha un proceso de indexación salarial destinado a jueces, juezas y servidores judiciales, constituyendo el primer reajuste de esta naturaleza que recibe el sector desde el año 2017.
La decisión, según explicó el órgano de gobierno judicial, es fruto de un prolongado proceso de negociaciones técnicas iniciado en julio del pasado año dentro de los lineamientos estratégicos del Plan Justicia del Futuro 2034, y que culminó tras la aprobación de recursos financieros coordinados con el Gobierno central luego de más de doce meses de conversaciones institucionales.
Como parte de las disposiciones anunciadas, se aprobó un incremento general de un 30 % para magistrados y personal administrativo, el cual será aplicado de manera gradual: un 20 % en el año 2026 y el restante 10 % en 2027. En tanto, el personal de apoyo jurisdiccional —entre ellos secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— recibirá aumentos superiores, que oscilarán entre un 35 % y un 50 %, dependiendo de la posición desempeñada y del nivel de instancia correspondiente.
El anuncio fue realizado durante un encuentro ampliado con representantes de jueces y servidores judiciales de distintas demarcaciones del país, escenario en el que además se dieron a conocer varias decisiones dirigidas a robustecer la estructura operativa y administrativa del sistema de justicia. Entre los temas abordados figuraron los pagos por suplencias, los procesos de movilidad judicial, la regularización de interinos y la implementación de nuevos mecanismos de gobernanza territorial.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, junto a los demás integrantes del órgano. También participaron delegados de asociaciones de jueces, representantes de las distintas instancias judiciales, firmantes de la comunicación emitida el pasado 8 de mayo de 2026 y voceros de los servidores judiciales, bajo criterios de pluralidad y equidad de género.
Durante el diálogo, el Consejo escuchó de manera directa las preocupaciones y sugerencias de los participantes, valorando dichos planteamientos como insumos relevantes para el fortalecimiento institucional. Asimismo, instruyó completar de inmediato el pago retroactivo de compensaciones por suplencias en los casos correspondientes desde el mes de mayo.
En materia de carrera judicial, fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces conforme a las disposiciones de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial. De igual manera, el órgano dispuso continuar las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluyendo la evaluación de plazas de jueces de Paz y la posterior remisión de las propuestas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia una vez agotadas las reconsideraciones.
El Consejo también autorizó 144 acciones de personal —119 de carácter jurisdiccional y 25 administrativas— destinadas a cubrir vacantes existentes en distintos tribunales del país.
Otra de las medidas adoptadas contempla la fijación inmediata, y sin necesidad de evaluación probatoria, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más en funciones. Aquellos con menor tiempo de servicio podrán ser regularizados tras superar una evaluación satisfactoria.
En el contexto del Plan Justicia del Futuro 2034, el órgano aprobó además la creación de una Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa, concebida como un mecanismo permanente para identificar y atender las prioridades de cada territorio mediante mesas departamentales y distritales que deberán quedar conformadas en un plazo máximo de quince días.
El Consejo adelantó que en las próximas semanas continuará ejecutando acciones administrativas vinculadas al pago de suplencias, comunicación de ascensos y traslados, regularización de interinos y conformación de las nuevas estructuras territoriales. Asimismo, anunció que en un período de noventa días presentará ajustes al Plan Presupuestal, al POA y al PACC tomando en consideración los hallazgos derivados del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
Finalmente, el Consejo del Poder Judicial reafirmó su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo con jueces y servidores judiciales, reiterando su compromiso de impulsar de manera conjunta la modernización y consolidación del sistema de justicia dominicano.
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