El dirigente gremial expresó su preocupación ante la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada sin modificaciones sustanciales en los artículos que contemplan sanciones privativas de libertad para periodistas y comunicadores. A su juicio, cualquier reforma penal debe garantizar plenamente el derecho a informar y a expresar opiniones sin el temor de enfrentar condenas de cárcel.
Pérez sostuvo que los delitos vinculados a la difamación pueden ser sancionados mediante mecanismos civiles, pero rechazó que se recurra al encarcelamiento como medida punitiva. En ese sentido, consideró que las penas de prisión no tienen cabida en una legislación moderna que aspire a proteger las libertades fundamentales.
“La difamación ilícita ya está contemplada en el ordenamiento jurídico y puede ser sancionada. Lo que rechazamos es que se establezcan penas de cárcel para quienes ejercen labores de comunicación”, señaló.
El presidente del gremio aclaró que la posición de la entidad no busca eximir de responsabilidad a quienes incurran en difamación, sino promover la despenalización de los llamados delitos de opinión, sustituyendo las sanciones penales por mecanismos de reparación económica cuando corresponda.
Como alternativa, propuso que las faltas relacionadas con la difamación sean castigadas exclusivamente mediante multas e indemnizaciones de carácter civil, evitando así que periodistas o comunicadores sean privados de libertad por informaciones o comentarios emitidos en el ejercicio de su profesión.
Asimismo, informó que el Colegio de Periodistas ha trabajado junto a expertos en derecho para elaborar una propuesta formal que será presentada ante las instancias correspondientes con el objetivo de modificar los artículos cuestionados del proyecto legislativo.
Pérez explicó que la iniciativa busca establecer un equilibrio entre el derecho al honor y la protección de la libertad de expresión, garantizando sanciones proporcionales sin afectar derechos fundamentales.
Finalmente, hizo un llamado a los integrantes del gremio para respaldar los esfuerzos encaminados a lograr una reforma que preserve el libre ejercicio periodístico y evite que las controversias derivadas de la comunicación pública se traduzcan en procesos penales con penas de reclusión.
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