Santo Domingo. Este 26 de mayo de 2026 se cumplen 32 años de la desaparición del profesor universitario, periodista, abogado y activista cultural Narciso González Medina, conocido popularmente como “Narcisazo”, considerado uno de los casos más simbólicos y dolorosos de violaciones a los derechos humanos en la historia democrática reciente de la República Dominicana.
Más de tres décadas después de su desaparición, ocurrida tras salir de un cine en la avenida Independencia la noche del 26 de mayo de 1994, el caso continúa rodeado de interrogantes, impunidad y reclamos de justicia.
La desaparición de Narciso González ocurrió en medio de uno de los momentos políticos más tensos del país, tras las elecciones presidenciales de 1994, disputadas entre el entonces presidente Joaquín Balaguer y el líder opositor José Francisco Peña Gómez.
Las denuncias de fraude electoral provocaron una profunda crisis institucional que posteriormente derivó en una reforma constitucional y en la reducción del mandato presidencial de Balaguer.
En ese contexto, Narciso González, férreo crítico del Gobierno, pronunció el 25 de mayo de 1994 un encendido discurso durante una asamblea de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde acusó directamente al régimen y a altos mandos militares de participar en el supuesto fraude electoral.
Un día después de esa intervención pública, desapareció sin dejar rastro.
El caso alcanzó dimensión internacional cuando, el 27 de febrero de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso González.
La sentencia estableció la responsabilidad estatal en el hecho y concluyó que participaron agentes vinculados a organismos militares y de inteligencia de la época, entre ellos estructuras como el J-2 y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
El tribunal también determinó que las investigaciones realizadas posteriormente estuvieron marcadas por negligencia, irregularidades y encubrimiento institucional.
A pesar de la sentencia internacional y de los múltiples procesos judiciales abiertos en el país, hasta la fecha ninguna persona cumple condena por la desaparición del intelectual y activista.
Durante años, militares y exfuncionarios fueron interrogados y sometidos a investigaciones, pero los expedientes se diluyeron entre recursos legales, falta de pruebas y cuestionamientos sobre la voluntad política para esclarecer el caso.
Treinta y dos años después, continúan sin respuesta las preguntas fundamentales: dónde están sus restos y quién ordenó su desaparición.
Más allá del expediente judicial, el nombre de Narciso González permanece como símbolo de resistencia, libertad de expresión y lucha democrática en la República Dominicana.
Su caso continúa siendo citado por organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos y periodistas como una muestra de las heridas aún abiertas de las transiciones democráticas en América Latina.
Para amplios sectores de la sociedad dominicana, recordar a “Narcisazo” no solo implica exigir verdad y justicia, sino también preservar la memoria de un intelectual que enfrentó el poder político con firmeza y sentido crítico.













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