La decisión de cuatro integrantes de la Suprema Corte de Justicia de no participar en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado un intenso debate en los ámbitos jurídico e institucional, reabriendo discusiones sobre la transparencia, la independencia judicial y la confianza en los mecanismos de selección y permanencia de los altos jueces.
El presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, junto a los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia, optaron por no someterse a la revisión correspondiente al cumplimiento de su período constitucional. Con esta decisión, de los once jueces que inicialmente debían ser evaluados, únicamente siete permanecen dentro del proceso.
Las interpretaciones sobre esta postura han sido diversas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una determinación legítima sustentada en la autonomía profesional de los magistrados, otros entienden que refleja inquietudes sobre la credibilidad del procedimiento y posibles influencias externas que podrían afectar la independencia del Poder Judicial.
El jurista Carlos Salcedo defendió el derecho de los jueces a adoptar esa decisión, resaltando la extensa trayectoria de varios de ellos, algunos con más de cuatro décadas de ejercicio en la judicatura. No obstante, señaló que las renuncias constituyen una señal que invita a revisar la estructura y percepción pública del sistema de evaluación.
A su juicio, el CNM debe fortalecer la aplicación de criterios homogéneos, sustentados en parámetros verificables y alejados de intereses políticos. Asimismo, consideró indispensable evaluar la calidad argumentativa de las sentencias, la conducta ética de los magistrados y las garantías de imparcialidad dentro del proceso.
En una línea similar, el exprocurador general Francisco Domínguez Brito manifestó preocupación por el nivel de desconfianza que evidencia parte de la judicatura respecto al órgano evaluador. Advirtió que cualquier percepción de acuerdos políticos o decisiones preconcebidas podría debilitar la seguridad jurídica y la credibilidad institucional.
Como alternativa, propuso reforzar el peso de los méritos dentro de la carrera judicial y crear un mecanismo de observación integrado por representantes académicos y antiguos miembros de altas cortes para acompañar las evaluaciones.
Por otro lado, la Fundación Primero Justicia, encabezada por Miguel Surun Hernández, atribuyó las renuncias a presuntas presiones orientadas a sustituir magistrados por perfiles cercanos al oficialismo. La organización alertó que una situación de esa naturaleza podría representar un retroceso para la independencia judicial y favorecer procesos de politización en la administración de justicia.
Mientras continúan las discusiones, el CNM informó la publicación de los informes de desempeño de los siete jueces que siguen en evaluación: Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Rafael Vásquez Goico y Samuel Arias Arzeno.
Con esta fase se abre el período para que ciudadanos e instituciones presenten observaciones u objeciones sobre los magistrados evaluados, las cuales podrán ser remitidas por vía electrónica o depositadas de forma presencial en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, ubicada en la sede de la Suprema Corte de Justicia.
Deja una respuesta