Santo Domingo. La Cámara Alta aprobó este miércoles, en una primera discusión y tras dispensarla de lectura íntegra, el proyecto de ley orientado a crear el Sistema Nacional de Alertas (AlertasRD), una propuesta concebida para articular un mecanismo ágil de búsqueda a escala nacional, enfocado en la prevención, ubicación, asistencia y protección de individuos reportados como desaparecidos.
La normativa, que había caducado en la legislatura anterior y fue sometida nuevamente, es impulsada por las diputadas Liz Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló. Su planteamiento central consiste en habilitar la activación inmediata de protocolos de rastreo tan pronto se formalice una denuncia, eliminando la necesidad de esperar lapsos prolongados.
Alertas segmentadas según perfiles
El proyecto incorpora la tradicional “Alerta Amber” dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero amplía su alcance mediante un esquema de notificaciones diferenciadas conforme a las características de la persona desaparecida. En ese sentido, contempla la “Alerta Silver” para adultos mayores, la “Alerta Azul” para personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad y la “Alerta Rosa” enfocada en mujeres víctimas de violencia o trata.
La iniciativa dispone que, al activarse una alerta, la información sea difundida de forma inmediata a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y organismos de seguridad, con el propósito de garantizar una reacción coordinada en todo el territorio nacional.
De igual manera, prevé la articulación con entidades internacionales en casos que sugieran traslados fuera del país o la intervención de redes transnacionales, así como la integración de diversas instituciones estatales en las labores de búsqueda e investigación.
Consecuencias disciplinarias para funcionarios omisos
En lo relativo al régimen sancionador, el proyecto establece que aquellos servidores públicos que, estando al tanto de una desaparición, no la reporten o incumplan con la activación de los protocolos correspondientes, incurrirían en una falta grave dentro del marco disciplinario de la administración pública, lo que podría derivar en sanciones como suspensión o destitución.
Asimismo, se precisa que dichas medidas administrativas no excluyen otras responsabilidades legales, por lo que los funcionarios involucrados podrían enfrentar también acciones civiles o incluso procesos penales.
La pieza legislativa deberá ser sometida a una segunda lectura en el Senado antes de ser remitida a la Cámara de Diputados para su eventual sanción definitiva.
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