La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dará a conocer este viernes su decisión sobre el expediente de la denominada “Operación Calamar”, considerado por el Ministerio Público como uno de los mayores casos de corrupción administrativa conocidos en el país.
El proceso involucra a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como a decenas de personas físicas y empresas señaladas por el órgano acusador de integrar una presunta red que habría manejado irregularmente unos RD$41,000 millones desde estructuras del poder estatal.
La magistrada deberá decidir si envía a juicio de fondo a los imputados, si dicta auto de no ha lugar o si acoge los pedimentos de nulidad planteados por algunas defensas. Para ello, evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público, así como los argumentos de los abogados de los acusados, verificando además el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.
El Ministerio Público ha solicitado que los 34 imputados y 13 empresas vinculadas al caso enfrenten juicio de fondo. El director de Persecución de la Procuraduría General, Wilson Camacho, sostuvo que no existen razones jurídicas para frenar el proceso, mientras que la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, afirmó que las evidencias sustentan la apertura a juicio.
Por su parte, los principales implicados han reiterado su inocencia y aseguran que las acusaciones carecen de fundamento. Donald Guerrero destacó los resultados de un peritaje patrimonial que, según explicó, no encontró indicios de lavado de activos ni irregularidades financieras en sus bienes y operaciones económicas entre 2012 y 2023.
Además de los exfuncionarios mencionados, el expediente incluye a Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Pichirilo, Claudio Silver Peña, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros exservidores públicos vinculados a distintas instituciones estatales.
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