El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva concentrará este lunes 15 de junio la atención del país al convertirse en escenario de dos decisiones judiciales de alto impacto. En una misma jornada, los tribunales deberán pronunciarse sobre el expediente relacionado con el colapso de la discoteca Jet Set Club y sobre el veredicto del caso de corrupción administrativa conocido como Coral y Coral 5G.
La primera decisión está pautada para las 10:00 de la mañana, cuando el juez Raymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dé a conocer su resolución respecto a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento nocturno cuyo desplome dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 80 personas lesionadas.
Tras escuchar los alegatos finales de las partes, las intervenciones del Ministerio Público y los planteamientos de los representantes legales de las víctimas, el magistrado deberá determinar si existen méritos suficientes para ordenar la apertura de un juicio de fondo o si procede dictar un auto de no ha lugar a favor de los imputados.
Debido a la limitada capacidad de la sala y a la elevada presencia de víctimas, familiares y abogados vinculados al proceso, las autoridades judiciales informaron que los medios de comunicación no podrán acceder físicamente a la audiencia. Como alternativa, se habilitará una transmisión en vivo a través de la plataforma YouTube para garantizar el seguimiento público del fallo.
Más adelante, a las 3:00 de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al veredicto del juicio de fondo seguido contra el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres Silvestre, junto a varios oficiales militares, policiales y civiles señalados por integrar una presunta estructura de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La presidenta del tribunal, magistrada Gisselle Méndez, dejó el fallo en estado de reserva luego de concluir las audiencias y valorar las conclusiones presentadas por todas las partes, asegurando que el proceso se desarrolló respetando las garantías del debido proceso.
A diferencia de la audiencia matutina, el acceso de la prensa a la lectura de esta sentencia no estará sujeto a restricciones especiales.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Mirna Ortiz y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó penas de entre cinco y veinte años de prisión, además de la incautación de bienes, al sostener que la presunta red habría provocado un perjuicio superior a los RD$4,500 millones al patrimonio estatal.
En contraste, las defensas de los acusados reclamaron la absolución de sus representados, argumentando que las pruebas aportadas por el órgano acusador resultan insuficientes para sustentar una condena penal.
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