Santiago. El arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, expresó fuertes cuestionamientos en torno al eventual acuerdo mediante el cual la República Dominicana recibiría personas deportadas desde Estados Unidos, advirtiendo que el país no puede asumir cargas externas que, a su juicio, podrían profundizar los problemas sociales y comprometer la estabilidad nacional.
Durante declaraciones ofrecidas luego de encabezar una celebración eucarística en la Catedral Santiago Apóstol, el prelado manifestó preocupación por las implicaciones del supuesto convenio migratorio y sostuvo que la nación dominicana no debe ser utilizada como un espacio de recepción para individuos rechazados por otras jurisdicciones.
“Es como si República Dominicana fuera un basurero humano donde Estados Unidos deposita a las personas que no desea”, expresó el líder religioso en un tono crítico al referirse a la posibilidad de que el territorio dominicano reciba mensualmente ciudadanos deportados desde suelo estadounidense.
Monseñor Rodríguez señaló además que las explicaciones ofrecidas hasta el momento por las autoridades gubernamentales no han logrado disipar las inquietudes existentes alrededor del alcance real del acuerdo. Según dijo, lejos de aclarar el panorama, las informaciones suministradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores han incrementado sus preocupaciones respecto al impacto que podría generar dicha medida.
El representante de la Iglesia Católica en Santiago indicó que observa con inquietud la posibilidad de que el país termine absorbiendo conflictos y problemáticas sociales provenientes del extranjero, especialmente en momentos en que, según afirmó, la sociedad dominicana atraviesa situaciones delicadas vinculadas al deterioro moral, la inseguridad y la descomposición social.
“¿Por qué tenemos que recibir más problemas de los que ya enfrentamos?”, cuestionó el arzobispo, al insistir en que decisiones de esta naturaleza podrían traducirse en mayores tensiones para la convivencia ciudadana y el orden interno.
Asimismo, advirtió que existen dudas considerables sobre las consecuencias que tendría la llegada de deportados en términos de seguridad pública, integración social y comportamiento colectivo, señalando que antes de asumir compromisos internacionales de esa magnitud el Gobierno debió abrir un proceso de discusión más amplio, transparente y participativo.
El líder religioso emplazó a las autoridades dominicanas a explicar con claridad cuáles serían las condiciones bajo las cuales esas personas permanecerían en el país, dónde serían alojadas, qué mecanismos de control existirían y cuál sería el verdadero alcance del acuerdo suscrito con Estados Unidos.
De acuerdo con las informaciones dadas a conocer por la Cancillería dominicana, el convenio tendría una vigencia aproximada de un año y contemplaría la recepción mensual de unas 30 personas deportadas desde territorio estadounidense.
En relación con una posible afectación a la soberanía nacional, monseñor Héctor Rafael Rodríguez sostuvo que, en caso de tratarse de una medida impuesta desde el exterior, podría interpretarse como una vulneración a la autonomía de la República Dominicana.
“Si eso fue impuesto, evidentemente la soberanía dominicana ha sido lesionada”, expresó el arzobispo, quien reiteró que asuntos de semejante trascendencia debieron ser debatidos ampliamente con la participación de distintos sectores de la vida nacional antes de adoptar cualquier compromiso definitivo.
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