El homicidio de una adolescente ocurrido dentro de un hogar de paso administrado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) ha generado una profunda discusión pública en torno a los límites de las sanciones aplicables a menores de edad y al deber del Estado de garantizar la seguridad de quienes permanecen bajo su tutela.
La tragedia ha colocado nuevamente bajo escrutinio la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. La normativa, modificada posteriormente por la Ley 106-13, fija en ocho años de privación de libertad la pena máxima para adolescentes en conflicto con la ley, estableciendo distintos rangos de sanción según la edad del infractor.
De acuerdo con la legislación vigente, los menores de 13 años no pueden ser considerados penalmente responsables. En tanto, quienes tienen entre 13 y 15 años pueden enfrentar medidas privativas de libertad de hasta cinco años, mientras que para los adolescentes de entre 16 y 18 años las sanciones pueden alcanzar un máximo de ocho años.
Más allá de las consecuencias penales que podrían derivarse para las jóvenes implicadas en el hecho, juristas consideran que el caso también abre la puerta a posibles acciones legales contra las instituciones responsables de la custodia de los menores.
El abogado Yan Carlos Abad sostuvo que los familiares de la víctima podrían reclamar responsabilidad al Estado o a la entidad encargada de la administración del centro, argumentando que los hogares de paso deben ofrecer condiciones especiales de protección y vigilancia para los adolescentes acogidos.
Según explicó el especialista, existe una expectativa legítima de seguridad en este tipo de instalaciones, ya que los menores ingresan a ellas precisamente para recibir amparo y protección. Por ello, un hecho de esta naturaleza plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión implementados dentro del sistema.
Abad señaló además que el suceso pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los protocolos internos de atención, monitoreo y prevención de conflictos en los centros de acogida. A su juicio, la respuesta institucional no debe limitarse únicamente a determinar responsabilidades penales.
Expertos en conducta adolescente han advertido que los episodios de violencia entre menores suelen estar asociados a antecedentes de vulnerabilidad emocional, abandono, traumas o carencias de acompañamiento psicológico, factores que requieren intervenciones oportunas y sostenidas.
Las circunstancias en que ocurrió el crimen, presuntamente durante una falla en la supervisión del personal, han reavivado cuestionamientos sobre la capacidad operativa del sistema de protección infantil para garantizar entornos seguros y adecuados para los jóvenes bajo su cuidado.
Diversas organizaciones sociales han insistido en que la discusión debe trascender el castigo a las adolescentes involucradas y enfocarse también en las condiciones estructurales de los hogares de paso, demandando mayores recursos, personal capacitado y programas efectivos de prevención de violencia.
El caso ha generado conmoción en la sociedad dominicana y ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate acerca de la eficacia de las políticas públicas destinadas a la protección de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.
Mientras avanzan las investigaciones, la tragedia se convierte en un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil, así como de la obligación ineludible del Estado de garantizar la integridad física y emocional de cada menor que permanece bajo su custodia.
Deja una respuesta