Un tribunal de la provincia china de Jiangsu impuso la pena de muerte a Yang Youlin, exfuncionario de alto rango vinculado a la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing, tras hallarlo culpable de múltiples delitos relacionados con corrupción y manejo irregular de fondos públicos.
La decisión fue emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, que determinó la responsabilidad de Yang en cargos de soborno, malversación, lavado de activos, abuso de poder, pago de sobornos y apropiación indebida de recursos estatales. De acuerdo con las autoridades judiciales, el exfuncionario recibió beneficios ilícitos valorados en más de 2,214 millones de yuanes, equivalentes a unos 308.7 millones de dólares.
Además de la condena capital, la sentencia contempla la pérdida permanente de sus derechos políticos y la confiscación total de su patrimonio personal. El tribunal también ordenó que los bienes recuperados y las ganancias obtenidas de manera ilegal sean transferidos al Estado, mientras continúan las acciones para recuperar los montos pendientes.
La investigación estableció que entre 1993 y 2023 Yang aprovechó los distintos cargos que desempeñó en áreas relacionadas con el desarrollo económico, la planificación urbana, la construcción y el turismo en Nanjing para beneficiar a empresas y particulares mediante adjudicaciones de proyectos, operaciones comerciales, concesiones de terrenos y movimientos financieros.
A cambio de esos favores, recibió cuantiosas sumas de dinero y otros bienes, en un esquema que, según la corte, alcanzó dimensiones excepcionales. Los jueces calificaron el volumen de los sobornos como “especialmente enorme” y consideraron que las acciones del acusado provocaron graves perjuicios a los intereses públicos, además de generar un fuerte impacto negativo en la sociedad.
Aunque Yang colaboró con las autoridades aportando información sobre presuntos delitos cometidos por otras personas, el tribunal concluyó que dicha cooperación no era suficiente para justificar una reducción de la pena impuesta.
En China, los casos de corrupción de gran magnitud suelen concluir con condenas a muerte suspendidas por dos años, una modalidad que frecuentemente se transforma en cadena perpetua si el condenado mantiene buena conducta. Sin embargo, las ejecuciones sin suspensión previa son reservadas para situaciones consideradas de extrema gravedad.
La condena se produce en el contexto de la amplia ofensiva anticorrupción impulsada desde 2012 por el presidente chino, Xi Jinping, una campaña que ha alcanzado a funcionarios de distintos niveles del Estado y a directivos de empresas públicas.
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