Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela lidia con las devastadores consecuencias de los terremotos que causaron al menos 2.595 muertos y que han puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones.
La captura del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas el 3 de enero había abierto un nuevo y prometedor capítulo para un país atrapado en una prolongada crisis política, económica y social.
Pero ahora esa misma Venezuela atraviesa una emergencia nacional que ha enlutado a miles de familias y lucha por curar a los más de 12.000 heridos.
El país petrolero, con una infraestructura deteriorada tras años de corrupción, falta de mantenimiento y cuestionadas gestiones, tiene hoy también ante sí el colosal reto de subsanar los daños físicos equivalentes a 6.700 millones de dólares, alrededor del 6 % del producto interno bruto (PIB), según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Gobierno venezolano cifra en más de 12.800 las personas que se quedaron sin viviendas debido a comprometedores daños y al colapso de numerosos edificios, la gran mayoría en el estado costero de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, el más golpeado por los terremotos.
Se trata de una catástrofe que pone a prueba no solo al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, sino a su nuevo «amigo y socio», Estados Unidos, y al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, especialmente la segunda de las tres fases: recuperación.
Estabilización, recuperación…
En los seis meses previos y bajo la lupa de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez promovió la apertura de sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmontó progresivamente el gabinete de Maduro y renovó el alto mando militar.
La líder chavista también impulsó una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos y anunció un proceso de reforma del sistema de justicia penal y otro para la reestructuración del Gobierno.
La semana anterior a los sismos, EE.UU. había dado un paso enfocado en la tercera y última etapa de su plan: la transición, con el envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para comenzar unas conversaciones con el chavismo, dejando al margen a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha insistido en que tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Rodríguez.
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