Santo Domingo. La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su respaldo a las comunidades y ciudadanos que, de manera pacífica y en ejercicio de sus derechos, promueven la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.
La Comisión expresó su preocupación ante posibles actividades mineras en estos territorios, advirtiendo que podrían comprometer la integridad ecológica de estas zonas y afectar gravemente su papel en el ciclo hidrológico nacional. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que solicitan la protección de estos ecosistemas estratégicos.
Inspirados en las enseñanzas del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, los obispos recordaron que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida que exige decisiones prudentes orientadas al bien común y a la sostenibilidad de la vida.
La institución subrayó que las cordilleras no solo representan un patrimonio natural invaluable, sino que son esenciales para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país, especialmente por su función como reservorios hídricos. Estas montañas captan, almacenan y distribuyen el agua que alimenta ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional.
En ese contexto, la Comisión advirtió que cualquier alteración significativa de estos sistemas podría afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, impactando tanto a las generaciones presentes como futuras. Asimismo, extendió su preocupación a todos los acuíferos y sistemas hídricos del país que requieran protección frente a acciones que pongan en riesgo su sostenibilidad.
El organismo eclesial señaló que las actividades mineras implican la remoción de suelos, el uso intensivo de sustancias químicas y la generación de desechos tóxicos que representan riesgos para las fuentes de agua, incluso bajo controles técnicos. Entre las posibles consecuencias, mencionó la contaminación por metales pesados, la alteración de los cursos naturales del agua y el deterioro de ecosistemas asociados.
Como ejemplo de estos impactos, se citó la situación de la Presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país.
La Comisión recordó además que, según Laudato Si’ (n. 30), “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, por lo que proteger las montañas que garantizan este recurso constituye una expresión de justicia social y respeto a la dignidad humana.
En ese sentido, reafirmó la legitimidad del reclamo ciudadano de no aprobar proyectos mineros en las cordilleras Central y Septentrional, calificándolo como una demanda justa en defensa de la vida de toda la nación.
Finalmente, la Comisión reiteró su compromiso con un modelo de desarrollo integral y sostenible, e instó a la implementación de políticas económicas que armonicen el progreso con la protección ambiental. Asimismo, solicitó que la protección del agua sea un criterio fundamental al evaluar la viabilidad de proyectos mineros.
La entidad también exhortó a promover alternativas económicas que garanticen el bienestar presente sin comprometer el futuro, y llamó a fomentar un diálogo responsable entre autoridades y ciudadanía, orientado a priorizar la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.
Deja una respuesta