Dajabón.– Un hombre que permaneció privado de libertad durante casi dos décadas sin que existiera una sentencia definitiva en su contra recuperó su libertad, luego de una serie de acciones legales impulsadas por la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Monte Cristi.
El ciudadano, identificado como “Chiquín Jimene”, se encontraba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, cuando le fue impuesta una medida de prisión preventiva que, pese a su carácter excepcional y temporal, se prolongó durante cerca de 20 años sin una decisión judicial concluyente.
La situación fue detectada por defensores públicos de Monte Cristi al asumir su representación legal y realizar una revisión exhaustiva del expediente. Como parte de las diligencias, sostuvieron reuniones con la representación jurídica del centro penitenciario y efectuaron gestiones ante distintas instancias judiciales para reconstruir el historial procesal del caso.
Durante la investigación fueron localizados informes médicos que evidenciaban problemas de salud mental del interno. Asimismo, se verificó que en marzo de 2009 tanto la Defensa Técnica como el Ministerio Público habían solicitado al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables, tomando en cuenta su condición psiquiátrica.
Sin embargo, el tribunal rechazó la petición y dispuso la suspensión de la acción penal hasta que el imputado recuperara su salud mental. La medida permaneció sin revisión posterior, provocando que el proceso quedara paralizado y que el hombre continuara recluido por años sin una resolución definitiva.
Acciones judiciales permitieron corregir la situación
Ante la prolongada vulneración de derechos, la Defensa Pública puso en marcha una estrategia jurídica orientada a restablecer las garantías fundamentales del interno.
Los abogados interpusieron una acción de habeas corpus y posteriormente un recurso de apelación, mecanismos que permitieron reexaminar el caso ante instancias superiores.
Finalmente, el 25 de febrero de 2026, la corte correspondiente acogió los argumentos presentados y ordenó la libertad inmediata del ciudadano, poniendo fin a una de las privaciones de libertad más prolongadas registradas en el sistema judicial dominicano sin sentencia definitiva.
Llamado a fortalecer los controles del sistema
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró la decisión judicial y afirmó que el caso evidencia la importancia de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Sostuvo que ninguna persona debe permanecer olvidada dentro del sistema de justicia y reiteró que la defensa de la dignidad humana, el acceso a la justicia y el respeto a las garantías constitucionales constituyen pilares esenciales del trabajo institucional.
Más allá de la liberación del ciudadano, el caso ha puesto de relieve debilidades en los mecanismos de supervisión y seguimiento de los procesos penales, así como la necesidad de reforzar los controles para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
La actuación de la Defensa Pública permitió corregir una irregularidad que se extendió durante casi veinte años y reabre el debate sobre la importancia de garantizar que toda persona privada de libertad reciba una respuesta judicial oportuna dentro de los plazos establecidos por la ley.
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