Managua/Santo Domingo. El Gobierno de Nicaragua respondió este miércoles a la República Dominicana luego de que esta condenara las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó que en su país “no volverán a haber elecciones”. La reacción nicaragüense se produjo a través de un comunicado oficial en el que cuestionó duramente la postura del Gobierno dominicano y defendió su modelo político.
En el documento, la Cancillería de Nicaragua calificó de inapropiadas las críticas formuladas desde Santo Domingo y sostuvo que resulta contradictorio que un país con una historia marcada por dictaduras, intervenciones extranjeras y luchas por la soberanía adopte posiciones que, a su juicio, responden a intereses ajenos a la voluntad de los pueblos latinoamericanos.
Las autoridades nicaragüenses señalaron que mantienen respeto por el pueblo dominicano y recordaron los vínculos históricos entre ambas naciones. En ese contexto, evocaron la figura del héroe dominicano Gregorio Urbano Gilbert, quien participó junto al líder revolucionario Augusto C. Sandino en las luchas contra la intervención extranjera en Centroamérica durante el siglo pasado.
La controversia se originó luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitiera una declaración en la que expresó su preocupación por las palabras pronunciadas por Ortega durante la celebración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, realizada el pasado 19 de julio.
Durante ese acto, el mandatario nicaragüense aseguró que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones con las características que, según él, permitían a sectores opositores intentar alcanzar el poder. Sus declaraciones generaron reacciones tanto dentro como fuera de la región, especialmente por las implicaciones que tienen respecto al ejercicio de los derechos políticos y la alternancia democrática.
Ante esas afirmaciones, la Cancillería dominicana sostuvo que una declaración de esa naturaleza constituye un desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
Asimismo, recordó que la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. En ese sentido, reafirmó que la celebración de elecciones constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y una garantía indispensable para el ejercicio de la soberanía popular.
El Gobierno dominicano consideró que ninguna autoridad puede atribuirse la facultad de eliminar la vía electoral como mecanismo legítimo para la renovación del poder político, ni restringir el derecho de la ciudadanía a participar libremente en los asuntos públicos de su nación.
Además, exhortó a las autoridades nicaragüenses a garantizar plenamente los derechos políticos de sus ciudadanos, así como el respeto a las libertades fundamentales y a la celebración de procesos electorales auténticos y competitivos que permitan la libre expresión de la voluntad popular.
Por su parte, el Gobierno de Nicaragua defendió su posición argumentando que las transformaciones impulsadas en su sistema político buscan preservar la estabilidad institucional y evitar lo que considera intentos de injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
En medio de la controversia, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, ofreció declaraciones para aclarar el alcance de las palabras de Ortega. El legislador aseguró que en Nicaragua sí continuarán realizándose elecciones, aunque bajo un marco constitucional renovado que establecerá nuevas condiciones para la participación política.
Según explicó, las reformas buscan impedir la participación de personas, organizaciones o partidos que, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses, hayan promovido acciones consideradas contrarias a la soberanía nacional o que reciban financiamiento de gobiernos, organismos o entidades extranjeras.
Porras insistió en que el objetivo es fortalecer la independencia política del país y evitar que intereses externos influyan en los procesos electorales nacionales. No obstante, sus declaraciones también han sido observadas con atención por diversos sectores internacionales que han manifestado preocupación por las restricciones impuestas a la oposición política en los últimos años.
El intercambio de posiciones entre Managua y Santo Domingo refleja las diferencias existentes en torno a la interpretación de los principios democráticos y al papel que deben desempeñar las elecciones como instrumento de participación ciudadana y alternancia en el poder.
Mientras Nicaragua sostiene que sus reformas buscan proteger la soberanía nacional y evitar influencias externas, República Dominicana reafirma que la democracia solo puede garantizarse mediante procesos electorales libres, competitivos y periódicos que permitan a los ciudadanos decidir de manera soberana el rumbo de su nación.
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