SANTO DOMINGO.– La República Dominicana comenzará a aplicar este lunes 3 de agosto de 2026 el nuevo Código Penal, una legislación que sustituye el marco jurídico vigente desde 1884 y que incorpora disposiciones dirigidas a enfrentar las modalidades delictivas contemporáneas, luego de concluir el período de vacatio legis de 12 meses establecido por la Ley 74-25.
La normativa introduce cambios significativos en el sistema penal dominicano, entre ellos el incremento de la pena máxima de prisión de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta 60 años mediante la acumulación de condenas. Asimismo, tipifica de manera independiente delitos como el feminicidio y el sicariato, además de establecer sanciones específicas para ataques con sustancias corrosivas, fortalecer el combate a la corrupción administrativa, el crimen organizado, la trata de personas y el terrorismo.
El nuevo texto legal también incorpora figuras delictivas vinculadas a los desafíos de la era digital, como el ciberacoso, el chantaje mediante contenido íntimo —incluyendo material manipulado con inteligencia artificial o deepfakes—, el fraude piramidal y la desaparición forzada, entre otras conductas que hasta ahora no contaban con una regulación específica.
Durante el período de adaptación, diversos sectores formularon observaciones sobre varios artículos de la pieza legislativa, especialmente los relacionados con la difamación. Como resultado de ese proceso de revisión, el Congreso Nacional introdujo 32 modificaciones antes de la promulgación definitiva realizada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 507-26.
Entre los aspectos reformados figuran las disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, hostigamiento agravado y cibernético, violencia intrafamiliar, exhibicionismo sexual, discriminación, difusión ilícita de contenido íntimo, perjurio, proxenetismo, malversación de fondos públicos y abandono de menores, entre otros delitos.
Junto con la promulgación de la norma, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una Comisión de Seguimiento y Socialización encargada de promover la educación ciudadana sobre el nuevo Código Penal y evaluar posibles ajustes derivados de su aplicación. El organismo será presidido por Milton Ray Guevara e integrado por reconocidos juristas y personalidades de la vida pública nacional.
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