El Observatorio de Áreas Protegidas advirtió que la creciente frecuencia y magnitud de los incendios forestales en el país constituyen una emergencia ambiental que demanda una respuesta inmediata de las autoridades, con énfasis en la prevención, la vigilancia y la investigación de las causas que originan estos siniestros.
La advertencia surge en medio de un nuevo incendio registrado en las proximidades del Hoyo de Pelempito, dentro del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, donde las llamas afectan una zona de bosque de pino criollo ubicada en la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, una de las áreas ecológicas más importantes del territorio nacional.
Según datos citados por la entidad, entre finales de junio y principios de julio dos grandes incendios impactaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco. A esto se suman daños reportados en Valle Nuevo, Jaragua y La Humeadora, donde también se han registrado múltiples eventos durante las últimas semanas.
El Observatorio sostuvo que la mayoría de los incendios tendría origen humano, ya sea por acciones intencionales o por negligencia, por lo que instó a profundizar las investigaciones para determinar posibles vínculos con actividades agrícolas, ganaderas, de cacería ilegal y otras prácticas desarrolladas dentro de áreas protegidas.
La organización alertó que la repetición de los incendios en ecosistemas aún en proceso de recuperación compromete la regeneración natural de los bosques, amenaza especies endémicas, degrada los suelos y pone en riesgo importantes fuentes de agua que abastecen a numerosas comunidades.
Aunque reconoció el esfuerzo de bomberos forestales, guardaparques, brigadistas y voluntarios que participan en las labores de control, insistió en que la protección ambiental no puede depender únicamente de su sacrificio, sino de políticas sostenidas que fortalezcan la prevención, la vigilancia y la aplicación de la ley.
Entre sus recomendaciones figuran investigar y sancionar a los responsables de los incendios, reforzar los sistemas de monitoreo y respuesta temprana, evaluar científicamente los daños ocasionados y endurecer los controles sobre las quemas y otras actividades ilegales dentro de las áreas protegidas.
La entidad enfatizó que los incendios forestales no deben verse como hechos aislados, sino como una amenaza recurrente que afecta la biodiversidad, reduce la capacidad de regulación hídrica y debilita la resiliencia de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, recordó que la protección de las áreas protegidas constituye una responsabilidad legal, ambiental y social que involucra tanto al Estado como a toda la ciudadanía.
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