Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer encabezó la presentación de los resultados de la Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, junto a los logros alcanzados por la República Dominicana en la CSW70, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La actividad reunió a autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, sociedad civil y lideresas comunitarias, como parte de un ejercicio de rendición de cuentas y articulación estratégica en torno a la agenda de igualdad de género, en el marco del centenario del natalicio de Minerva Mirabal.
Durante su intervención, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, destacó el alcance político del proceso. “Este proceso marca un punto de inflexión en la forma en que el país construye su agenda de igualdad. Hoy contamos con evidencia territorial y con una lectura clara de las brechas que debemos cerrar, lo que nos permite orientar políticas más eficaces y medibles para garantizar derechos a las mujeres”, afirmó.
Por su parte, la embajadora del Reino Unido en la República Dominicana, Carol Ann van der Walt, señaló: “Cerramos un proyecto, pero no una agenda; seguimos comprometidos con fortalecer la coordinación interinstitucional, los mecanismos de prevención y respuesta, y con mantener la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en el centro de nuestra política exterior”.
Liderazgo dominicano en CSW71
A propósito del compromiso asumido de cara a la conferencia del próximo año, Mario Serrano, Representante nacional de UNFPA, afirmó en nombre del Sistema de las Naciones Unidas que la designación de República Dominicana para presidir la CSW71 para el período 2026-2027 representa un reconocimiento al liderazgo del país en la agenda global y una oportunidad estratégica clave para promover estos temas a escala mundial.
En ese sentido, el embajador Wellington Bencosme, representante de la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas en Nueva York, señaló que esta responsabilidad implica conducir debates y construir consensos internacionales en un contexto de desafíos persistentes para los derechos de las mujeres.
Articulación y cooperación
El acto contó con intervenciones del Sistema de Naciones Unidas, por parte de Jeannie Ferreras, oficial de género y juventud del UNFPA; de Maritza León, coordinadora del U-Report/RapidPro de UNICEF; y de Bibiana Aído Almagro, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. También participaron Laura Michelle Godoy, secretaria técnica de la Mujer del COMMCA, y Claudia Saleta, oficial de Derechos Sexuales y Reproductivos de Plan International.
Asimismo, estuvieron presentes figuras del ámbito político e institucional, entre ellas la senadora Aracelis Villanueva; la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Jeannette Pérez; la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez; y jóvenes lideresas vinculadas a procesos de participación internacional.
El segmento conmemorativo dedicado a Minerva Mirabal, con la participación de Minou Tavárez Mirabal, conectó los avances actuales con la historia de lucha por los derechos de las mujeres en la República Dominicana.
Consulta con base territorial
Los resultados de la Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres evidencian avances en el conocimiento de derechos, pero también brechas persistentes que marcan la agenda pública. Un 57% de las mujeres se considera muy informada sobre sus derechos, mientras que las instituciones públicas se posicionan como la principal fuente de orientación (49%), seguidas por redes sociales (37%).
En materia de acceso a la justicia, el 78% afirma saber a dónde acudir en casos de violencia y un 68% percibe el acceso como fácil o muy fácil. Sin embargo, factores como la ubicación territorial (29%) y la situación económica (27%) continúan limitando el acceso efectivo, lo que impacta con mayor fuerza a las mujeres en contextos rurales.
En salud, el 73% valora los servicios como accesibles, pero persisten barreras asociadas a los costos (42%), la distancia (33%) y la falta de información (25%). Además, un 52% califica como regular la respuesta institucional en temas de embarazo, parto y cuidado infantil, lo que apunta a desafíos en la calidad de la atención.
La autonomía económica y la participación en la vida pública aparecen como ejes críticos. Un 75% considera difícil acceder a empleo o generar ingresos, condicionado por la falta de oportunidades laborales (38%), la carga de cuidados (34%) y la falta de capacitación (28%), limitando así la capacidad de las mujeres para incidir en espacios de toma de decisiones.
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