La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió mantener la medida de prisión preventiva por tres meses impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de presuntamente solicitar y recibir sobornos de un testigo vinculado a la investigación de un fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La revisión de la medida cautelar se produjo debido a que Valdez Alcántara fue arrestado en marzo pasado, correspondiéndole por ley una evaluación judicial de la coerción que cumple actualmente.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público aseguró ante los magistrados que no tiene intención de sustraerse del proceso judicial y solicitó que se reconsiderara la prisión preventiva dictada en su contra por la jueza de instrucción especial Ysis Muñiz, quien conoció inicialmente el caso debido a la jurisdicción privilegiada que ostentaba el imputado.
El fiscal sostuvo que es el principal interesado en que se esclarezcan los hechos que se investigan, argumentando que busca recuperar su buen nombre y limpiar su reputación, afectada por las acusaciones de cohecho formuladas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Antes de su arresto, Valdez Alcántara integraba el equipo de fiscales encargado de investigar la supuesta red de corrupción detectada en Senasa. De acuerdo con la acusación, habría exigido dinero al exgerente de Atención al Usuario de la ARS estatal, Roberto Canaán Acta, a cambio de favorecerlo dentro de las pesquisas.
Desde el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, donde permanece recluido, el imputado rechazó de manera categórica los señalamientos en su contra y afirmó que nunca solicitó ni recibió los 10 mil dólares que, según la acusación, constituyen el soborno objeto del proceso.
Asimismo, manifestó que los hechos descritos por el órgano acusador no ocurrieron y cuestionó que eventuales diferencias personales entre investigadores e investigados puedan influir en el desarrollo de una investigación penal.
La decisión de mantener la prisión preventiva fue adoptada por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, quienes consideraron que persisten los presupuestos que justifican la medida de coerción.
Al término de la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respondió a los alegatos de la defensa y afirmó que las evidencias recopiladas hacen imposible desconocer la imputación formulada contra el fiscal.
Camacho explicó que la investigación incluyó una entrega controlada de dinero supervisada por las autoridades, durante la cual los fondos fueron previamente identificados y documentados antes de ser entregados. Según indicó, posteriormente ese mismo dinero fue encontrado en poder del acusado.
El funcionario calificó el caso como particularmente grave por involucrar a un miembro del Ministerio Público, al señalar que quienes ejercen funciones públicas están llamados a observar estándares éticos superiores a los exigidos al resto de los ciudadanos.
A su juicio, el presunto acto de corrupción adquiere una dimensión aún más delicada debido a que la persona señalada tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y combatir precisamente los delitos de corrupción administrativa.
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