El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto dar lectura este lunes, a las 10:00 de la mañana, a la decisión que marcará un punto de inflexión en el proceso judicial seguido contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, escenario de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó alrededor de un centenar de heridos tras el colapso de su techo.
La resolución estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien deberá determinar si existen méritos suficientes para enviar a los imputados a un juicio de fondo o, por el contrario, emitir un auto de no ha lugar que extinga la persecución penal por falta de elementos probatorios. La decisión definirá el rumbo de uno de los casos de mayor impacto social y judicial de los últimos años en el país.
El Ministerio Público, encabezado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, sostiene que los propietarios del establecimiento incurrieron en conductas negligentes que derivaron en la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025. En su acusación formal, los fiscales atribuyen a los empresarios responsabilidad por homicidio involuntario y por las lesiones sufridas por decenas de sobrevivientes.
La investigación oficial concluye que el desplome de la estructura no fue un hecho fortuito, sino la consecuencia de graves deficiencias en el mantenimiento preventivo y en la supervisión de las condiciones estructurales del inmueble. Según el órgano acusador, las evidencias técnicas, periciales y testimoniales recopiladas respaldan ampliamente la apertura de un juicio para debatir la responsabilidad penal de los encartados.
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat, representada por los abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, rechaza esa versión. Los juristas sostienen que el derrumbe respondió a problemas estructurales de origen y al deterioro natural de los materiales de construcción, por lo que califican el suceso como un accidente imprevisible que no puede generar responsabilidad criminal para sus clientes.
Mientras avanza el proceso, familiares de las víctimas han mantenido una activa vigilancia sobre cada etapa judicial. Durante audiencias anteriores se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir sanciones ejemplares y evitar que el caso concluya sin consecuencias penales para los responsables del establecimiento.
Los hermanos Espaillat permanecen sometidos a medidas de coerción consistentes en una garantía económica de 50 millones de pesos, además de la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial mientras se desarrolla el proceso.
El expediente también ha reavivado el debate jurídico sobre la posible aplicación de la figura del dolo eventual. El exjuez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Juan Hirohito Reyes, planteó recientemente que los hechos podrían ser analizados bajo esa perspectiva si se demuestra que los responsables conocían el riesgo de una tragedia y, aun así, decidieron continuar con las actividades del centro de entretenimiento.
De acuerdo con el especialista, aunque el dolo eventual no aparece expresamente definido en la legislación dominicana, constituye una construcción doctrinal y jurisprudencial utilizada para valorar situaciones en las que una persona prevé la posibilidad de un resultado fatal y acepta continuar con una conducta riesgosa.
Además de las implicaciones penales, el caso enfrenta una importante dimensión civil. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen reclamaciones millonarias por concepto de daños y perjuicios, mientras aguardan una decisión que podría sentar un precedente relevante en materia de responsabilidad empresarial y prevención de riesgos en establecimientos de acceso público.
Deja una respuesta