Santo Domingo. El exdirector de la Dirección General de Migración, José Ricardo Taveras, expresó serias inquietudes jurídicas y operativas respecto al acuerdo de cooperación suscrito entre Estados Unidos y República Dominicana para recibir en territorio dominicano a deportados procedentes de terceros países.
A través de una publicación difundida en la red social X, Taveras cuestionó la viabilidad legal del convenio y advirtió que las personas trasladadas al país podrían quedar en libertad tras recurrir ante los tribunales dominicanos, debido a la falta de una base normativa que sustente su detención.
El exfuncionario señaló que esos extranjeros permanecerían bajo una figura de “retención administrativa temporal”, pese a que el Estado dominicano no tendría competencia directa para ejecutar procesos de deportación sobre ciudadanos de otras naciones.
“Un memorándum no puede justificar restricciones a la libertad individual. En cuanto esas personas acudan a un tribunal, podrían ser liberadas”, sostuvo.
Advierte sobre carga operativa y riesgos futuros
Taveras también manifestó preocupación por el peso logístico y administrativo que recaería sobre las instituciones dominicanas encargadas de ejecutar el acuerdo, aun cuando los recursos económicos provengan inicialmente de Estados Unidos.
A su juicio, existe el riesgo de que en algún momento cesen los fondos de apoyo y la República Dominicana termine asumiendo de manera permanente la responsabilidad sobre ciudadanos extranjeros retenidos en el país.
Además, advirtió que, en la práctica, la nación caribeña podría convertirse en una especie de centro de retención migratoria extraterritorial para personas con perfiles desconocidos.
El exdirector de Migración también cuestionó al presidente Luis Abinader sobre las razones y beneficios que justificarían para el país asumir este tipo de compromiso internacional.
Crecen cuestionamientos al acuerdo
El convenio anunciado recientemente ha provocado reacciones críticas en distintos sectores políticos y sociales, que consideran necesario aclarar el alcance jurídico y las implicaciones soberanas del pacto.
Entre las voces que han expresado reservas figura Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, quien calificó el acuerdo como “excesivamente complaciente” y contrario al marco constitucional dominicano.
Asimismo, criticó lo que describió como un cambio de postura del mandatario dominicano, recordando que meses atrás había descartado públicamente una iniciativa similar.
De igual manera, Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, cuestionó que el país acepte recibir extranjeros deportados mientras enfrenta desafíos migratorios y de seguridad vinculados a la crisis haitiana.
Castillo sostuvo que la prioridad nacional debería centrarse en fortalecer las acciones de control fronterizo y atender las amenazas derivadas de la situación en Haití.
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